Hace algunos meses, el gobierno de Francia planteó una reforma legislativa dedicada a endurecer las penas impuestas por delito de atentado contra la autoridad, tal como policías o gendarmes, se ha planteado aumentar la prisión a treinta años. Esto ha causado rechazo por cierta parte de la población al catalogarla como injustas.
Al compararlas con las de España, donde las penas son de prisión mínima, los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad han hecho sentir su indignación tras las nuevas penas planteadas. Cada día son más los encargados de alzar su voz para solicitar mayor dureza contra los delincuentes.
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¿Qué es el delito de atentado contra la autoridad?
En pocas palabras, es la agresión u oposición de resistencia a la autoridad, agentes o funcionarios públicos que se encuentren ejerciendo sus funciones. La regulación de estos casos está en los artículos 550 al 556 del Código Penal. Incluyen cualquier acto de violencia o intimidación grave.
Pueden agravarse los delitos cuando son usados armas u objetos peligrosos para la integridad del funcionario, cuando son causadas lesiones graves e, incluso, cuando los hechos se llevan a cabo en el interior de un centro penitenciario.
El delito de atentado contra la autoridad posee condenas injustas
A inicios del mes de mayo del año anterior, un individuo ataco a varios policías tras haberle solicitado utilizar correctamente la mascarilla, la pena para el ciudadano fue de seis meses. Este es solo uno de los tantos casos presentados continuamente cuando se vela por el cumplimiento de las medidas sanitarias para contener la pandemia.
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Todos se encuentran bajo la mirada de diferentes abogados para hacer valer el derecho de los funcionarios, una de las más involucradas ha sido Sylvia, una profesional reconocida del bufete Garrido y Menéndez, abogados de Gijón.
Fue una de las primeras en señalar que, en años anteriores, la condena por delito de atentado contra la autoridad en España iba de 6 meses a 3 años de prisión. Sin embargo, tras la última reforma del Código Penal esta pena fue rebajada a 1 año o 6 meses de prisión. Haciéndose de ese modo más flexible con los delincuentes.
Pena de acuerdo a la gravedad de los delitos
Generalmente, estos delitos son acompañados de una agresión provocando alguna lesión en los agentes. El tiempo de prisión dependerá de la gravedad del caso, dividiéndose de la siguiente forma:
- Delito leve de lesiones: el involucrado se enfrentará una asistencia facultativa con una pena de uno a tres meses de multa.
- Delito de lesiones: cuando se trate de lesiones que requieran de tratamiento médico o procedimientos quirúrgicos, el causante se enfrentará a prisión de tres meses a tres años o a una multa de 6 a 12 meses.
- Los delitos de lesiones graves: se enmarcan en el artículo 148 del Código Penal, van desde alevosía, ensañamiento hasta casos más graves. Aquí el responsable se enfrentará de 2 a 5 años de prisión.
- Delito de lesiones: la pena mínima es de 6 años, en caso de ser muy grave puede enfrentarse a 12 años. Serán tomados en consideración delitos de pérdida de un miembro, deformidades graves, esterilidad, entre otros.
¿Cuándo es aplicada la ley?
Los funcionarios podrán hacer valer su derecho frente a incidentes como disturbios o eventos políticos que terminan de mala manera. El acorralamiento de la autoridad por parte de los ciudadanos en busca de hacer valer sus derechos es tomado en consideración para proceder.
Asimismo, cuando por algún motivo, son arrojados objetos a los funcionarios, cuando es posible identificar a los agresores, la autoridad puede proceder con las denuncias necesarias para aplicar la ley.
Insultos, amenazas y ataques verbales, ¿son considerados como delitos?
Por supuesto, son los ataques comunes a los que se enfrentan los funcionarios durante el cumplimiento de sus funciones. Generalmente, la autoridad omite las ofensas y continua con sus labores. Sin embargo, eso suele ser el detonante para provocar una agresión por parte de los ciudadanos.
En ese caso, el profesional tiene total derecho de proceder legalmente. No obstante, cuando solo se trata de ataques verbales, suelen quedar como delito de atentado, pero no conllevan a una punición.
Una de las luchas de los funcionarios es hacer valer sus derechos e imputar a los delincuentes que se dedican a amenazarlos. A través de un ejemplo simple, abogados plantean lo mal distribuida que se encuentra la balanza.
Si amenazas a tu vecino, te enfrentas a un delito de amenaza que va desde 6 meses a 2 años de prisión. Sin embargo, al hacerlo con un policía y existiendo una agresión, únicamente regresarás a casa con una pena de 6 meses por el delito de atentado. Se aplicará una multa por las lesiones en caso de ser leves y no habrá pena por las amenazas o injurias dichas.
