El plazo del ultimátum sea acabado y es por esto que la adjudicataria del servicio de seguridad de dependencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no ha regularizado aún la nómina de los trabajadores para atender al convenio estatal del sector, de modo que el Gobierno de Emiliano García-Page inició los trámites para resolver el contrato.
La Unión Temporal de Empresas (UTE) que está conformada por Sinergias Vigilancia S.A. y Cyrasa Seguridad S.L., se despide del contrato público, el cual habían conseguid unos meses atrás por presentar la mejor oferta económica, ya que existía una posición con la que podían contratar bajo un polémico convenio propio, en el cual se establecieron salarios y derechos por debajo del convenio estatal del sector, al cual los vigilantes estaban sujetos hasta el 30 de abril, soportando así gastos menores.
Por esto, la Consejería de Hacienda y Administraciones públicas inició el procedimiento de resolución de este contrato, en función del que esta UTE (una de cuyas empresas se encuentra en el entorno de Miguel Ángel Ramírez, conocido como el capo de la seguridad privada) se ocupa del servicio de seguridad de los edificios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como también el Servicio de Salud regional en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara.
Gracias a esta resolución, desde el Ejecutivo regional se ha cumplido el compromiso adquirido por los trabajadores, manifestando en sede parlamentaria y públicamente por el consejero, que se debe iniciar de manera inmediata el expediente de resolución del contrato una vez que se hubiera constatado que la adjudicataria no aplicaba el convenio colectivo estatal.
Esta situación se ha venido denunciado por varias semanas por los propios trabajadores afectados, quienes se temían lo que se ha cumplido, que la empresa les ha subrogado no les haya mantenido las condiciones laborales, presentándose reducciones de más de 300 euros en la nómina. Es por esto que no dudaron en llevar sus protestas al as Cortes regionales y a la sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha.
Temores que, al cumplir un mes de ejecución de contrato, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas comprobó que eran fundados, al haberse producido una gran disminución en las retribuciones a los trabajadores respecto a lo que establece el convenio estatal de las empresas de seguridad, el cual era aplicable a los trabajadores adscritos a este contrato.
Una vez que se ha notificado la resolución a la UTE, y continuando con la comunicación con los trabajadores, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, informó a los vigilantes de seguridad de los edificios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que en estas tres provincias se inició el expediente de resolución, con la finalidad de que conozcan sobre este procedimiento que los afecta de manera directa.
