Con una plantilla de más de 600 trabajadores que ha llegado a reducirse hasta unos 70, habiendo quedado el resto en situación de desempleo y un saldo deudor de más de 12.6 millones por parte de la firma EME que entró en concurso de acreedores y se encuentra bajo la administración judicial.
Esta nueva baja en el sector seguridad privada, representa una crisis que se va acrecentado motivado a unas bajas ofertas de un mercado que está saturado de empresas en quiebra.
En el caso puntual del grupo EME ha sido asignada al juez Francisco Javier Vaquer, del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, quien ha admitido el concurso y nombró administradora concursal a la abogada Manuela Serrano Sánchez.
La mala «praxis» de algunas empresas que originan un mayor desempleo
El caso de la compañía EME, es uno más que venía presentando problemas de liquidez en su plantilla de empleados con una data de más de un año. La Federación de Seguridad de UGT destacó que, “la quiebra en el sector de seguridad apunta en definitiva a malas praxis en referencia a la administración empresarial, siendo este nuevo caso un esquema a seguir por varias empresas del ramo”.
Establecen costos bajos en el mercado para prestar el servicio, luego entran en pérdidas, trayendo como consecuencia que sus deudas con los trabajadores aumente y se vean obligados a declararse en quiebra”, afirmó el presidente del sindicato.
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En los últimos meses, los sindicatos han llevado a cabo movilizaciones y actuaciones jurídicas en Euskadi, Galicia, Castilla León, que se han ido extendiendo en todo el territorio nacional «donde usuarios, empresas y gobierno son responsables de la lamentable situación vivida por vigilantes y auxiliares de servicios del Grupo Eme».
Asimismo, según el grupo EME posee una deuda con la Administración Pública que sobrepasaría los 2,5 millones de euros.
Otra empresa más que cae en el sector de la seguridad privada
La situación de esta compañía no es única. Tiempo atrás empresas como Falcon, Seguor, Integral Canaria, Novosegur, Marsegur, Sinergias, Segur Ibérica, LPM o Ombuds, entre otras, se han visto obligadas a dejar de esperar, «dejando un número importante de familias en desempleo a lo largo del territorio nacional, situación que sin duda seguirá produciéndose si el Gobierno sigue pasando de perfil ante una situación que requiere de una intervención de urgencia por parte del Ejecutivo», según los sindicatos.
