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10 detenidos y 21 casos de intrusismo en la seguridad privada

Numerosos casos de intrusismo laboral y de servicios que no cumplían la ley han sido detectados en Cádiz en el año 2021

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La Policía Nacional a través de unidades de seguridad privada en la provincia de Cádiz se llevaron a cabo en el año pasado (2021), 423 inspecciones de servicios y empresas en el campo de la seguridad privada, para verificar el correcto funcionamiento de estas y que las empresas y el personal de su servicio cumplan con todas los requisitos exigidos en la Ley 5/2014 de seguridad privada.
Aunque la mayoría de las inspecciones se realizaron en servicios forzados a tener seguridad. Algunas de estas se realizaron en conciertos y establecimientos de entretenimiento público también se han realizado en eventos deportivos. Incluso en eventos nocturno desde la relajación de las medidas restrictivas impuestas por las autoridades con motivo de la pandemia.
Como resultado de este control se ha cursado 11 propuestas de sanción, 6 fueron contra las compañías de recepción de alarmas debido a la mala gestión de alarmas, 4 empresas de seguridad privada presentaron algún tipo de anomalía  en la prestación de servicios y 1 a una compañía de transporte de valores para violo las regulaciones reglamentarias de las condiciones en las que se deben proporcionar dichos transportes.

Intrusión en el sector de seguridad privada.

Con respecto a la detección y erradicación de la intrusión, las acciones tomadas se considera muy positivas, lo que termina  con 21 denuncias a empresas y 30 a trabajadores capacidad de desarrollar las funciones de vigilancia.  La mayoría de los intrusos detectados fueron en servicios de la construcción (8 casos) también en locales de  copas y discotecas (4 casos). También fueron detectados en servicios tales como;  espectáculos y exposiciones artesanales, empresas de propiedad industrial, comunidades vecinas y garajes o supermercados.
La LEY 5/2014 de Seguridad Privada dice que exclusivamente las empresas de seguridad privada autorizadas por el Ministerio del Interior, podrán realizar la contratación de vigilantes de seguridad debidamente habilitados.
La prestación de servicios de seguridad para empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección sin oposición se castigan severamente en la ley de seguridad privada mencionada con las multas que en los casos más graves, para las empresas, oscilan entre 30.001 y 600.000 euros y pueden llevar la  inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil.
En el caso de individuos prestando servicio de vigilancia sin esta habilitados como tales, la cantidad propuesta para sanción por intrusismo es de entre 6.001 y 30.000 euros.
De la misma manera, estas multas pueden expandir a los usuarios de personal administrativo y no autorizado.
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